Aprobado en primer debate el PL 328/24C que impulsa el gas fósil como transición energética. Desde el CPTEJ, rechazamos esta decisión y exigimos políticas coherentes para enfrentar la crisis climática con soluciones reales que protejan el agua y la vida.

El pasado 4 de diciembre, en la Comisión V de la Cámara de Representantes, se aprobó el Proyecto de Ley 328, que promueve el uso del gas fósil como energético de transición. Sin embargo, esta decisión perpetúa una dependencia desproporcionada del petróleo y el gas, agravando los fenómenos de la crisis climática en los territorios.

El gas fósil no puede considerarse un combustible de transición. Gran parte del gas extraído se libera a la atmósfera sin quemarse, lo que genera emisiones de metano, un gas con un efecto 86 veces más potente que el dióxido de carbono en un horizonte de 20 años, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Este compuesto es responsable de más del 25 % del calentamiento global actual, y el interés en avanzar en la exploración y explotación de nuevos yacimientos de gas no convencional o costa afuera solo perpetúa la dependencia de los combustibles fósiles, agravando la crisis climática y aumentando las emisiones de metano que afectan la salud planetaria (Más allá del gas).

Además, las reservas de petróleo y gas en Colombia están en declive. El país posee solo el 0,1 % de las reservas globales de petróleo y menos del 0,05 % de gas, mientras que Venezuela posee el 17,5 % de las reservas mundiales de petróleo y el 3,3 % de gas. En 2022, se extrajeron 275 millones de barriles de petróleo y 392 Gpc de gas, pero solo se incorporaron 6 Mbl de petróleo y 36 Gpc de gas provenientes de nuevos descubrimientos Perspectivas del gas en Colombia. Esta realidad refleja una tendencia de casi dos décadas de inversiones marginales en exploración, lo que contrasta con la dependencia económica del país de los ingresos generados por la exportación de petróleo, que entre 2017 y 2021 representaron el 60 % del total nacional.

Esta dependencia, sumada a la reducción de las reservas, obliga a construir un cambio estructural que no caiga en el pánico impulsado por la industria fósil. Insistir en la explotación del gas fósil conlleva riesgos profundos, pues las inversiones en estos yacimientos se consideran no comerciales debido a los precios de gas probables, lo que obligaría al Gobierno colombiano a pagar subsidios o conceder incentivos fiscales para mantener precios accesibles. Los altos costos de extracción frente a un menor tiempo de producción podrían generar activos varados o en desuso, comprometiendo la rentabilidad (Declinación de nuevos descubrimientos de petróleo y gas en Colombia).

Contrario al discurso del desabastecimiento, solo el 16 % del gas fósil se utiliza en hogares, mientras que la mayoría se destina al sector extractivo. (Declinación de nuevos descubrimientos de petróleo y gas en Colombia), lo que significa profundizar la dependencia a los combustibles fósiles. Investigaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano muestran que, con voluntad política y un enfoque en la generación distribuida, Colombia podría lograr una matriz eléctrica 100 % renovable antes de 2030, sin necesidad de nuevos proyectos de gas. La ciencia, junto a la sabiduría de las comunidades campesinas, afro e indígenas, ha demostrado que la única forma de contrarrestar la crisis climática es dejar los combustibles fósiles enterrados. El actual Gobierno, alineado con la acción climática global, debe hacer un llamado urgente al Congreso para no condenar al país a la dependencia de combustibles fósiles con todos los costos ambientales y sociales que generan.

El ritmo de declive de las reservas de hidrocarburos en Colombia es igual o incluso mayor al previsto para la producción de los yacimientos ya existentes. Por lo tanto, para minimizar los activos bloqueados y reducir la dependencia de los fósiles, no se deben abrir nuevos yacimientos de gas y petróleo (Perspectivas del gas en Colombia). Los proyectos extractivos, además de afectar el bienestar material del país, tienen implicaciones culturales, espirituales y ecológicas profundas en las comunidades que sufren los impactos directos de la extracción. Estas afectaciones van más allá de lo visible, tocando las fibras más profundas de las interdependencias con la naturaleza, sus tradiciones y formas de vida, que no pueden ser reducidas a un análisis meramente económico o de suministro, y que no ha generado el supuesto “desarrollo” con el que se promueven.

Desde el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa - Cptej y la Alianza Colombia libre de Fracking - ACLF, exigimos al Gobierno Nacional políticas coherentes para enfrentar la crisis climática y convocamos a la sociedad civil a rechazar este proyecto y el gas como energético de transición. Las soluciones deben basarse en una transición energética justa, sin expandir la frontera extractiva, y proteger el agua y los bienes comunes. Denunciamos a los representantes Sandra Milena Ramírez, José Octavio Cardona, Flora Perdomo, Olga Beatriz González, Nicolás Barguil, Oscar Leonardo Villamizar, Tereza de Jesús Enríquez, Leonor María Palencia, Diego Patiño Amarilis, Juan Pablo Salazar, y Luis Ramiro Ricardo Buelvas por anteponer intereses económicos a los de las nuevas generaciones y poner en riesgo la vida y el agua.

Consejo Permanente para la Transición Energética Justa – Cptej

Alianza Colombia Libre de Fracking - ACLF