En las últimas semanas se han vuelto más reiterativas las expresiones mediáticas y alarmistas frente al futuro del abastecimiento del gas en el país. Una muestra de ello es la reciente difusión de la actualización de Ecopetrol sobre el déficit de gas proyectado para los próximos dos años, publicada en el diario La República y la Revista Semana. Allí se plantea que, según las nuevas proyecciones, el déficit de gas aumentará de 83 Gbtud a 120 Gbtud en 2025 y casi 300 Gbtud en 2026 lo que constituye un desafío significativo para el sector energético colombiano. Dichos anuncios  están en línea con otras noticias, como la reciente confirmación del descubrimiento de gas en el Pozo Uchuva 2, del Bloque Tayrona  y la intención de agilizar obras en el el pozo Komodo-1 con reservas ubicadas a 3.900 metros de profundidad, que dan cuenta de una intención de avanzar en nuevas fronteras tecnológicas para obtener gas.

Desde el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa (CPTEJ), consideramos que esta situación, en lugar de justificar la insistencia en nuevos proyectos mucho más costosos, inciertos y que incrementan la vulnerabilidad económica al no cuestionar la alta dependencia del sector extractivo, subraya la urgencia de adoptar medidas estratégicas y sostenibles para asegurar el suministro energético y promover una transición justa en el país. En este documento, presentamos nuestra respuesta basada en los estudios y propuestas desarrollados por el CPTEJ.

Con este enfoque pensamos necesario cuestionar los posicionamientos de Ecopetrol al defender la explotación del gas fósil como una garantía para mantener la seguridad y soberanía energética del país, al presentarlo como un energético de transición y la forma de abastecimiento de energía para los hogares. Además, es crucial reconocer que la declinación de nuevos descubrimientos de petróleo y gas en Colombia es un fenómeno alarmante. Este fenómeno ha sido documentado en nuestro informe Declinación de nuevos descubrimientos de petróleo y gas en Colombia, donde se resalta la caída de descubrimientos significativos, incluso con niveles de inversión y exploración que se mantienen o aumentan, y el número reducido de nuevos pozos perforados.

En este contexto, los impactos relacionados con los compromisos de reducción de la dependencia del país de los combustibles fósiles y la descarbonización de la economía, así como la gran incertidumbre y los riesgos económicos, están claramente evidenciados en el documento Perspectivas del gas en Colombia. A esto se suma el impacto poco reconocido del gas en la salud de las familias que cocinan con él, debido a la exposición constante a emisiones de Metano (CH4), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Monóxido de Carbono (CO), y Material Particulado (PM2.5). Estas sustancias son desencadenantes de enfermedades cardiorrespiratorias, como lo han señalado diversos estudios: Methane and NOx Emissions from Natural Gas Stoves, Cooktops, and Ovens in Residential Homes y los desconocidos efectos sobre la salud del uso de la cocina de gas.

Adicionalmente, es crucial señalar las injusticias energéticas sufridas en La Guajira donde investigaciones como Pescando Justicia señalan que, a pesar de ser un territorio donde sus bienes comunes vienen siendo aprovechados históricamente para la generación de energía, sus comunidades vienen sufriendo múltiples impactos, además de tener unos de los mayores indicadores de pobreza energética multidimensional del país (cerca del 70,7%), tal y como lo puede verse, “En La Guajira, Vichada, Guainía y Vaupés la pobreza energética ya es superior a 70%”.

En consecuencia será necesario revisar los pasivos ambientales y los impactos socioambientales que históricamente han vivido las comunidades costeras que han experimentado la extracción costa afuera y continental en La Guajira. ¿Qué ha pasado con esta población? ¿Cuál es su situación hoy? ¿Qué ha sucedido con la vida de los pescadores y sus familias que dependen de la pesca? ¿Qué ha pasado con sus dinámicas culturales, la reconfiguración de sus territorialidades y organización social? Estas preguntas son esenciales a la hora de seguir profundizando la frontera extractiva, en contravía con los acuerdos de descarbonización y de la transición energética justa.

Esta contradicción se evidencia en la promoción de una fuente de energía que, para ser viable, parece necesitar de zonas de sacrificio. La implementación de estas tecnologías aumenta la dependencia fósil y puede implicar otros impactos negativos en ciertas regiones, poniendo en duda la justicia de la transición energética propuesta.

Así, mientras Ecopetrol propone el gas fósil como un recurso de transición, es fundamental considerar las implicaciones a largo plazo de esta estrategia. La verdadera sostenibilidad energética debe priorizar la equidad y la justicia, asegurando que todas las regiones y comunidades se beneficien de manera equitativa de los recursos energéticos del país.

En el caso específico del gas ya hemos advertido en nuestro documento Perspectivas del Gas en Colombia sobre las proyecciones que indican que el país podría cubrir su demanda de gas sin necesidad de nuevas exploraciones, siempre y cuando se optimicen las capacidades de producción e infraestructura existentes y se aborde una discusión sobre los usos del gas. Por un lado, abordar de forma planificada la demanda de gas nos convoca a una revisión de sus usos, por ejemplo, en relación con el sector eléctrico (que da cuenta el citado documento), pues actualmente existen tecnologías que resultan mucho más competitivas y eficientes para los escenarios futuros.

Así mismo, respecto de usos residenciales el documento Aporte de la térmica solar en la transición energética en Colombia, estima la viabilidad de otras tecnologías eficientes para usos residenciales. Por otro lado, es necesario tener en cuenta la incertidumbre respecto a los precios proyectados y la demanda futura. En este escenario, nuevas exploraciones de gas costosas podrían convertirse en activos varados. Por ello, es crucial realizar una planificación estratégica que priorice la sostenibilidad a largo plazo y minimice los riesgos económicos y socioambientales.

Ante esta realidad proponemos la creación de un Fondo de Transición Energética, que financie proyectos de energía renovable y comunitaria. Este fondo podría recaudarse a través de una sobretasa a la explotación de bienes naturales no renovables y la eliminación de subsidios al sector petrolero. Los recursos del fondo se destinarían a financiar infraestructuras de energía renovable de gestión público-comunitaria, priorizando sectores esenciales como salud, educación y servicios básicos. De esta manera, no solo se reduciría la dependencia de los hidrocarburos, sino que se promoverían otras alternativas al desarrollo que protegieran los bienes comunes y mejoraran las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables.

Con todo ello, este contexto también nos llama a mirar la situación más allá del problema energético, hacia una transición socioecológica que incluya justicia climática, reducción de las desigualdades y un cambio cultural hacia modos de vida sustentables. Además, es urgente proyectar una Disminución planeada de la dependencia fósil en Colombia mediante la gestión participativa de la demanda energética y la promoción de la autonomía productiva y fiscal. Enfoque que reconoce la necesidad de un período de transición, en el que se debe abordar de forma prioritaria la discusión sobre los usos imprescindibles de los hidrocarburos, respetando siempre la voluntad de las comunidades afectadas y resolviendo los conflictos socioambientales históricos.

En vista de lo anterior, la actualización del déficit de gas proyectado por Ecopetrol debe ser considerado como una oportunidad para reconocer los límites de nuestras reservas, reflexionar sobre la insostenibilidad de nuestra dependencia energética y redoblar esfuerzos hacia un futuro más justo sin el uso de combustibles fósiles. La implementación de medidas estratégicas que promuevan el uso de tecnologías apropiadas y energías comunitarias, así como la justicia climática es imperativa para asegurar el bienestar general y la sustentabilidad de los bienes comunes. 

En el CPTEJ, seguiremos trabajando con determinación para liderar este cambio necesario, reiterando nuestro compromiso con la justicia climática, la sostenibilidad y la equidad social, y seguiremos trabajando incansablemente convencidos de que una transición energética justa no es solo viable, sino imprescindible para la vida y el futuro de Colombia.