‍ ‍

La firmeza que ya tenemos: por qué Colombia no necesitaba esta planta de gas

‍ ‍

29 de mayo de 2026

‍ ‍

El 22 de mayo, Colombia asignó nueva capacidad para respaldar el sistema eléctrico entre 2029 y 2030. El resultado concentró buena parte de esa capacidad en plantas térmicas, y en particular en un proyecto Termoinduenergy-Nencol 5, una central a gas importado que operaría cerca de la línea negra de la Sierra Nevada de Santa Marta. El debate público se centró en el cruce entre el presidente de la República y el ministro de Minas y Energía, pero ese no es el debate de fondo.

Lo que se subastó no fue energía, fue firmeza, la garantía de tener electricidad disponible en los momentos críticos, como las sequías del Fenómeno del Niño. Por eso no sorprende que las térmicas compitan bien en este mecanismo; lo hacen porque ofrecen esa firmeza. El problema no es cómo se asignó. El problema es que se asignó firmeza térmica nueva que el país no necesita.

Y esto no es una opinión. Un estudio reciente elaborado por Polen Transiciones Justas junto con IVY e ISCI-Uniandes demuestra que Colombia puede reducir hasta a la mitad su demanda de gas para generación eléctrica, e incluso prescindir del carbón, si incorpora capacidad solar y eólica con planeación adecuada entre 2025 y 2038. Con esa incorporación, la capacidad térmica y de embalses que ya existe alcanza para garantizar el suministro ante sequías y para manejar la variabilidad del sol y el viento. La conclusión es que construir nuevas térmicas es innecesario. Es más, el estudio muestra que al incorporar renovables y operar el sistema aprovechando la complementariedad entre fuentes, los costos que pagan los usuarios se reducirían cerca de un 19 %, sin instalar una sola planta térmica nueva.

Si la firmeza ya está garantizada, ¿por qué asignar una planta de gas más? El proyecto, además, acumula riesgos que el país no debería asumir. A la fecha, la conexión a la red no está resuelta, el proyecto debe tramitar su punto de conexión ante la UPME, que evaluará si es viable con la infraestructura existente o si exige expandir la red. Depende, también, de gas importado, lo que ataría las tarifas de los hogares colombianos a la volatilidad de los precios internacionales. Y enfrenta un cuello de botella global: los fabricantes de turbinas de gas tienen plazos de entrega de hasta cinco años, lo que hace poco probable que la planta entre en operación a tiempo para cumplir la obligación que se le asignó desde 2029.

Está, por último, el territorio. A finales de 2025 el proyecto obtuvo un pronunciamiento de improcedencia de consulta previa, la Resolución ST-2174 de 2025; sin embargo, dicho concepto está referido únicamente a la infraestructura principal y no agota la evaluación sobre otros componentes asociados, como las líneas de transmisión, las obras complementarias o la cadena de suministro de gas —la propia resolución reconoce que "en la solicitud no se incluye la línea de transmisión y/o conexión al sistema interconectado nacional". La procedencia de consulta previa puede ser revaluada a medida que se definan nuevas áreas de influencia y potenciales afectaciones.

Además, no se trata de cualquier territorio. El proyecto se localiza en una región atravesada por la protección especial de la Sierra Nevada de Santa Marta y por complejas superposiciones de derechos étnico-territoriales. En febrero de 2026, el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 1500 de 2018, que delimitaba la línea negra, por no haberse agotado la consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes del territorio. Lejos de despejar el camino para proyectos en la zona, ese fallo dejó la delimitación del territorio en revisión: un vacío que ningún proyecto debería aprovechar para avanzar sin consulta. En ese contexto, la consulta previa no es un simple requisito administrativo ni un trámite exprés por razones de mercado o de confiabilidad energética, sino una garantía sustancial de participación frente a decisiones que pueden transformar territorios ambiental, cultural y espiritualmente sensibles.

El Consejo Permanente para la Transición Energética Justa lo ha dicho con claridad y argumentos, el gas no es transición. Es un combustible fósil cuyo uso debe reducirse con planeación, justicia y participación. Asignar nueva capacidad fósil a un proyecto innecesario, riesgoso y con dudas territoriales, no es una decisión técnica neutral. Es una decisión política, y como tal debe discutirse.

Colombia tiene la firmeza que necesita. Lo que le falta es la decisión de construir su futuro energético sobre el sol, el viento y el agua que ya tiene, y no sobre el gas que tendría que importar.‍