Desde el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa (CPTEJ), lanzamos oficialmente el documento de propuestas territoriales para la salida de los combustibles fósiles, una hoja de ruta que nace del mandato popular construido en los diálogos regionales del Cesar, Santander, Antioquia y el Magdalena Medio. Con esta herramienta de incidencia, denunciamos que la crisis climática actual no admite más simulaciones "verde-corporativas" que solo perpetúan el modelo de despojo y desigualdad.

Nuestra propuesta detalla soluciones que surgen de la realidad territorial y exige una ruptura estructural frente al extractivismo. En el ámbito económico, exigimos la eliminación definitiva de los subsidios a los combustibles fósiles, por ser regresivos y contrarios a la eficiencia energética, y reclamamos que el 100% del recaudo del impuesto al carbono —que asciende a $3,8 billones desde 2017— se ejecute directamente en proyectos de reconversión productiva bajo manejo comunitario.

Asimismo, demandamos planes de cierre minero y petrolero con participación vinculante de las comunidades y trabajadores, garantizando rutas claras de empleo y formación técnica que prioricen a poblaciones históricamente excluidas como mujeres y jóvenes. Para el Consejo, la transición también implica democratizar la energía mediante sistemas descentralizados como el biogás y la energía solar, fortaleciendo así la soberanía energética y alimentaria a través de la agroecología.

Finalmente, planteamos una estrategia diplomática desde el Sur Global que exija el reconocimiento de la deuda ecológica y la anulación de deudas externas de los países más vulnerables. Impulsamos con determinación la adopción de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y un Tratado de Empresas y Derechos Humanos para frenar la impunidad corporativa. La transición energética justa es urgente y no puede ser delegada: debe construirse desde los territorios, con justicia, autonomía y dignidad